Curso de Filosofía elemental (28)

XXXIV

Sociedad política

 

167. LA SOCIEDAD CIVIL O POLÍTICA

   Ni las familias ni las asociaciones locales o laborales viven en aislamiento, sino integrados en un cuerpo social. No podrían hacerlo porque, aunque tengan su propia finalidad y estructura, carecen de las necesarias condiciones de autarquía y de defensa respecto al exterior. Al cuerpo social, integrado por estas formas divesas de asociación (familias, municipios, gremios o sindicatos, etc.) y dotado del necesario poder de armonización interna y de defensa exterior, lo llamamos, en términos generales, sociedad civil o política. Su nombre procede de la polis o ciudad griega, que era, como dijimos, una unidad independiente y dotada de órganos propios de gobierno y de defensa. Se compara a menudo a la sociedad civil con un organismo –conjunto vivo (orgánico) de familias, corporaciones, clases sociales–, y a la autoridad u órgano supremo de gobierno con su cabeza, que preside y dirige ese cuerpo social.
   La autoridad o poder público es así esencial a la sociedad civil o política y la constituye como tal. Dos son sus funciones esenciales: la de ordenar o armonizar interiormente el cuerpo social y la de defenderlo respecto del exterior.

168. EL MUNICIPIO COMO ASOCIACIÓN DE FAMILIAS QUE VIVEN REUNIDAS

   (Reitérese aquí lo dicho en el núm. 165.)

169. LA NACIÓN COMO SOCIEDAD CIVIL BAJO UNA SOLA AUTORIDAD

   La sociedad es, como pensaba Aristóteles, una proyección de la naturaleza humana; es decir, de sus tendencias profundas. Las formas e instituciones más permanentes en toda sociedad responden, como hemos visto, a las tendencias fundamentales del ser humano. Y lo mismo que el ser humano en abstracto no existe, sino que existen seres humanos personales y concretos, diferentes todos entre sí, así tampoco existe la sociedad civil en abstracto, sino sólo sociedades concretas, históricas, distintas entre sí. Sociedades políticas fueron las antiguas tribus y fratrias, las polis o ciudades griegas, etc.; es decir, toda convivencia humana dotada de una autoridad capaz de armonizar y defender el grupo. Sociedades políticas suelen ser igualmente las naciones modernas, que se han ido formando en un largo proceso de incorporación, de federación o de conquistas a lo largo de los siglos que siguieron a la desmembración del Imperio romano.
   Puede definirse a la nación como el conjunto de pueblos que, por motivos históricos, geográficos o políticos, han convivido unidos durante siglos hasta crearse en ellos una conciencia de comunidad.

170. ORIGEN HISTÓRICO DE LAS NACIONALIDADES CONCRETAS

   Las naciones se han formado así en un largo proceso de convivencia o de conquista. Este origen histórico de las nacionalidades concretas hace de ellas realidades muy vigorosas que determinan entre sus miembros modos de ser y de reaccionar comunes, una misma lengua, costumbres semejantes, etc. Los pueblos que constituyen una nación han convivido generalmente bajo una sola autoridad, formando una sociedad política histórica; pero si, por azares históricos (conquistas o divisiones), esta unidad política se rompe, no desaparece con ello la nación, que es una realidad cultural e histórica. Así, una nación como Alemania de hoy puede estar regida por diferentes poderes, y, a la inversa, diversas naciones pueden estarlo por uno solo (como las naciones británicas).
   El sentimiento característico que mantiene unidos de un modo cordial y voluntario a los miembros de una comunidad política o nación es el patriotismo. En su aspecto profundo y espiritual, cada pueblo o nación es una patria. La idea de patria y el sentimiento de patriotismo proceden de pater o padre, y consiste en la consideración del propio país como la tierra santificada por los padres y antepasados, cuya memoria debe venerarse y a cuya fe debe permanecerse fiel. El patriotismo, para ser recto y sano, debe nacer del amor y respeto a los padres o a la casa paterna, y prolongarse, a través de la estirpe y del propio pueblo o país, hasta la gran patria o nación histórica. Este sentimiento, a medida que gana en extensión, se purifica, haciéndose más espiritual y menos exclusivista, pero no pierde por eso su carácter concreto e histórico; es decir, no deja nunca de ver a la patria como una gran familia con su propia fe y sus propias tradiciones.
   Este concepto familiar de la Patria se expresa también en el supremo poder o autoridad política de muchas naciones –y antiguamente de todas– al estar vinculado a una estirpe o familia real cuya continuidad representa a la gran familia histórica que es la Patria.

 


XXX

Sociedad y Estado

 

171. EL ESTADO COMO SUPREMA AUTORIDAD CIVIL Y COMO GUARDADOR DEL DERECHO

   La palabra Estado tiene hoy dos sentidos diferentes, que conviene distinguir, dado que son origen de frecuentes equívocos. Entiéndese a menudo por Estado la suprema autoridad política que gobierna a la sociedad civil regulando las relaciones de personas y grupos mediante el cumplimiento del derecho. Otras veces se entiende por Estado la nación misma en cuanto organizada y estructurada políticamente por el poder o autoridad civil. Así se dice frecuentemente que España o Francia, por ejemplo, son Estados. Según esta acpeción, Estado sería equivalente a nación, cuando ésta se halla reunida bajo una sola autoridad. Sin embargo, es frecuente asistir a un cambio o golpe de Estado u oir hablar del Estado nuevo, sin que pueda pensarse que la nación cambie o que pueda producirse una nación o una patria nuevas.
   Esta identificación entre la Nación y el Estado, o entre la sociedad civil y el poder político, procede de la teoría democrática o constitucional moderna, que se inició con la Revolución francesa. Según ella, todo poder y todo organismo público dentro de la nación dependen del poder estatal, que representa la Voluntad General y que es el principio único de organización del país, el cual no reconoce otra jurisdicción o autoridad independiente a su lado. Así, la nación, como cuerpo dotado de esta sola organización y sometido a esa sola autoridad, vendrá a ser lo mismo que el Estado en su sentido amplio.
   En épocas anteriores a la Revolución francesa, el poder se diferenciaba claramente de la sociedad que gobernaba, la cual tenía en las familias, en el municipio, etc., una estructura y unos poderes distintos del supremo poder político, a menudo anteriores al mismo. Asi se hablaba siempre del Príncipe y de la República (República o sociedad civil) como de cosas diferentes, y el Imperio Romano se titulaba Senatus populusque romanus; es decir, algo (el Rey o el Senado, el poder) que gobierna, y algo (el pueblo o el país) que es gobernado, pero que tiene su ser y su estructura, sus costumbres y sus instituciones, con independecia del poder que le gobierna.
   Puede, pues, definirse el poder o autoridad política como el principio rector que gobierna a los miembros –sean individuos o grupos– de la sociedad, obligándolos a realizar o inhibir determinados actos en orden al bien común, que es la armonía de todos y la salvaguardia de sus derechos. El poder político es principio esencial de la sociedad civil, y aun puede compararse con la cabeza en el organismo social, toda vez que sin él no existiría la armonía interna ni la defensa exterior que la sociedad necesita, ni las sociedades menores que comprenden en su seno podrían cumplir sus fines.

172. RELACIÓN DEL PODER CON LA SOCIEDAD. FUNCIONES Y LÍMITES DEL PODER POLÍTICO

   El poder civil o político es supremo dentro de la nación o territorio de su jurisdición; por lo mismo a él compete la responsabilidad de cuanto sea necesario para la normal y pacífica convivencia y para la consecución del bien común de los súbditos o ciudadanos. Funciones de la autoridad civil son, así, las de ordenar e impulsar la cooperación social de sus súbditos –individuos o grupos–, preservándolos en el interior contra la injusticia o el abuso y en el exterior mediante la defensa nacional. A estas funciones de ordenación y de defensa interior y exterior puede añadirse la de fomentar o suplir, en caso necesario, los cometidos que la sociedad, en sus comunidades naturales, deje de cumplir por sí misma o cumpla insuficientemente.
   Para el ejercicio de estas funciones se atribuyen a la autoridad política tres clases de poderes, complementarios entre sí; el poder de dictar leyes (llamado legislativo), el de hacer que éstas se cumplan (llamado ejecutivo) y el de dirimir los litigios entre individuos o grupos y castigar las infracciones de la ley (llamado judicial).
   Los límites a que ha de atenerse en sus funciones el poder político se deducen del fin o los fines que por ley natural le están asignados. Ese fin es, ante todo, la realización del bien común, que es la parte de bien o de perfección que adviene al hombre por vivir en sociedad, cumpliendo así una exigencia de su naturaleza social. De lo cual se deduce que el bien común no puede erigirse en fin supremo o absoluto, puesto que es sólo un bien que completa al bien personal del ser humano, que posee sus propios fines anteriores a ese complemento del bien. Consecuencia de esto es que al poder político, como a los restantes poderes sociales, se atribuya una función llamada subsidiaria o de subsidiaridad en lo que a los individuos o grupos que se hallan dentro de su jurisdición se refiere. Así como la autoridad del padre no puede coartar la recta libertad ni los fines personales de los miembros de la familia, así el poder político no puede tampoco reducir, ni menos anular, los fines ni el ámbito propio que las familias y grupos corporativos (municipios, gremios, etc.) que integran la sociedad que él debe gobernar, salvo en lo necesario para que ese gobierno sea posible.
   Se opone a esta limitación del poder político basada en los fines naturalesde la persona y de las diversas corporaciones, la concepción estatista moderna, que no reconoce otro sujeto originario de poder o de derecho que el Estado, y supone a toda otra autoridad como delegada u otorgada por el mismo. Consecuencia de esta teoría es la extralimitación totalitaria del Estado moderno, que somete o destruye toda fuente autónoma de vida jurídica o administrativa, tanto en las corporaciones locales o profesionales como en la misma familia y en la Iglesia; y, paralelamente, la disminución que experimentan los ciudadanos en su interés y empeño por las cosas públicas, que las abandonan a esa máquina gigantesta y absorbente que es el Estado totalitario. La burocracia estatal sustituye así a la colaboración corporativa de los ciudadanos y engendra, junto a una mecánica e incolora uniformidad política, la apatía y el desinterés del hombre hacia el gobierno y la administración pública.

173. SOBERANÍA SOCIAL Y SOBERANÍA POLÍTICA

   La consideración de las diversas formas de asociación que en el cuerpo social coexisten, y de las funciones y límites de la autoridad política, nos lleva a contraponer dos géneros de soberanía que están radicados en la misma naturaleza de la sociedad humana: la soberanía social y la soberanía política.
   Está constituida la primera por los derechos naturales de las distintas personas –individuales y morales o colectivas– que constituyen el cuerpo social (desde los derechos de la persona y la familia hasta los de la nación histórica o de la Iglesia, pasndo por el municipio, el gremio, la Universidad, etc.), y por el orden jerárquico que entre sí mantienen.
   Esta soberanía, difusa por todo el cuerpo orgánico de la sociedad, necesita para su salvaguardia y armonización de otra soberanía –la política–, que tiene su propia esfera de acción, pero que ha de ejercerse ciñéndose al orden y a la estructura de la sociedad que ha de gobernar. Procede esta autoridad de la elección o de orígenes hereditarios que la sociedad respete desde su primera formación histórica, debe reconocer, para ser legítima, aquella otra soberanía que nace del derecho previo de las instituciones sociales sobre las que ha de ejercerse. (Véase VÁZQUEZ MELLA. Obras. Tomo XV.)

174. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL PODER

   Puesto que el poder o autoridad política es algo esencial a la sociedad, en forma tal que ésta no podría existir sin él, las teorías sobre el origen del poder vienen a ser las mismas que las que hemos visto sobre el origen de la sociedad.
   Son tres fundamentalmente: el racionalismo o teoría democrática del poder, el universalismo social o teoría carismática del poder, y la teoría del origen natural de la sociedad y del poder, que coincide con el pensamiento católico sobre esta cuestión.
   Según la primera de estas teorías –el racionalismo o individualismo político de LOCKE y de ROSSEAU, entre otros–, la sociedad es un artificio o acuerdo entre los hombres, y, por lo mismo, sólo puede ser dirigida por la voluntad de estos mismos. El poder político tendrá su origen, para esta teorá, en la Voluntad General de la Nación, y quien lo ejerza lo hará por designación de esa Voluntad y representándola. Esta teoría, al hacer brotar la sociedad y el poder del mero acuerdo y de la voluntad de los individuos, destruye el carácter religioso de la autoridad, y no explica cómo de la suma de voluntades individuales, que no poseen poder para mandar sobre los demás, puede surgir una voluntad que lo posea.
   La segunda teoría, el universalismo o totalitarismo de Estado, supone que la sociedad y el poder existen por encima y antes del individuo, el cual sólo de su evolución ha recibido los derechos y la misma individualidad que posee. Este todo social –la nación o el Estado– existe por sí mismo, y de él brota el jefe, al que se supone ungido o dotado de un carisma o representación vitalicia de la Nación o del Pueblo. Esta doctrina desposee al poder, no sólo de su valor religioso, sino de todo sentido racional humano al aceptarlo como un hecho, como un mero producto de la evolución histórica o racial.

175. DOCTRINA DEL ORIGEN DIVINO DEL PODER Y DE SU CONCRECIÓN HISTÓRICA

   La tercera teoría reconoce en la naturaleza humana el origen de la sociedad. El hombre, como vimos, es <<animal social>>. Si la sociedad resulta de la naturaleza del hombre, también el poder –que es necesario a la sociedad– será una exigencia natural. Y, como Dios es autor de la naturaleza humana y de sus tendencias, lo será también de la sociedad y de la autoridad, que es la primera de sus condiciones y exigencias.
   Tal es el sentido de la sentencia de San Pablo, que es doctrina común entre los católicos: non est potestas nisi a Deo. Es decir, que el que gobierna no lo hace, según esta doctrina, por su propio poder o derecho de conquista, ni en nombre de la Voluntad General, ni por o en nombre de un carisma o representación de la Nación, sino por y en nombre de Dios, de quien toda potestad procede, que ha creado al hombre con necesidad de vivir en sociedad, y a la sociedad con necesidad de una autoridad suprema. Este carácter, en cierto modo sagrado, del poder explica la posibilidad de decisiones como condenar a los reos o declarar la guerra, cuya gravedad y consecuencias no se verían autorizados por la mera adición de voluntades o por una convivencia general. Así, la justicia en la sociedad cristiana se administraba siempre <<en nombre del Rey>>, y el Rey reinaba <<por la gracia de Dios>>.
   Problema distinto a este del origen y significado de la autoridad en sí misma considerada es el de la designación de los que han de ejercer esa autoridad o de la transmisión a ellos del derecho a ejercerla. Esto ha variado mucho a través de la Historia, y permanece siempre relativo a las tradiciones y costumbres de cada pueblo. Si un grupo de familias emigrantes se asienta hoy en un territorio nuevo, si no exite preeminencia respetable entre ellas, tendrán que designar por elección a aquel o aquellos que habrán de ejercer la autoridad. Podrían después establecer –por acuerdo o por costumbre tácita– que el designado nombrase un sucesor antes de cesar o de morir, o que continuase el poder en su estirpe. Podrían asimismo establecer una elección periódica. Si el sistema está asentado y cuenta con el consenso o la adhesión general, los designados serán legítimos y la alteración caprichosa o violenta del sistema comportará un principio de ilegitimidad.
   En las naciones europeas de origen medieval cristiano y, en general, en los pueblos antiguos de cualquier religión, la soberanía se ha hallado vinculada por herencia a una familia o estirpe, cuyo derecho tiene orígenes remotos y a veces desconocidos –electivos a veces, de conquista otros–, radicados siempre en la lejana formación de esas nacionalidades.
   Entre los autores católicos se sostienen dos opiniones diferentes sobre la forma cómo el poder –procedente siempre de Dios– se transmite al gobernante legítimo en concreto. Para unos (SUÁREZ, BELLARMINO, BALMES) la sociedad contiene como en depósito la soberanía –como condición que es de su existencia– y la transmite al gobernante elegido o al que por herencia ejerce el poder mediante el consenso habitual de los gobernados. Es ésta teoría de la transmisión mediata del poder; es decir, de su transmisión a través o mediante la sociedad. Para otros (CATHEREIN, ENRIQUE GIL ROBLES, LEÓN XIII), Dios transmit la soberanía directa o inmediatamente al gobernante legítimo, sin que al cuerpo social le incumba más que su designación o aceptación. Es la teoría de la transmisión inmediata del poder.

176. DISTINTAS FORMAS DE GOBIERNO, POSIBLE SÍNTESIS DE LAS MISMAS

   Sobre el ejercicio, en concreto, de esa autoridad o poder político necesario para que la sociedad civil subsista, fue Aristóteles quien trazó una clasificación de formas de gobierno que se hizo clásica, y que comprendía tanto las justas o rectas como las injustas o desviadas. Esta clasificación se apoya en un doble fundamento: que el poder lo ejerza uno solo, o un grupo, o la totalidad de los ciudadanos; y que se ejerza en orden al bien común o, por el contrario, al provecho propio de los gobernantes.
   Son formas justas de gobierno la monarquía (gobierno de uno solo), la aristocracia (gobierno de los mejores) y la democracia (gobierno de todo el pueblo). La historia antigua ofrece ejemplos de estas formas de gobierno sólidamente asentadas en la tradición y la costumbre de diversos pueblos: la monarquía, en las principales nacionalidades europeas; la aristocracia, en repúblicas medievales, como Venecia; la democracia, en las antiguas ciudades griegas, etc. En general, los pueblos grandes en territorio o población fueron monárquicos, y la república (aristocracia o democrática) fue posible sólo en países pequeños o en ciudades autónomas.
   La corrupción de estas tres formas de gobierno da lugar a otras tantas formas injustas: la tiranía (gobierno de uno solo en su propio provecho), la oligarquía (gobierno de unos pocos sin razón de selección), la demagogia (gobierno del pueblo en la satisfacción de sus bajos impulsos).
   Según Aristóteles, la mejor forma de gobierno es la monarquía, porque en ella participa el gobierno de la unidad, continuidad y responsabilidad de la persona que lo jerce; en tanto que en las otras formas se diluye en asambleas y nadie se hace verdaderamente responsable. Y la peor forma es, también según el mismo filósofo, la tiranía, porque <<la corrupción de lo mejor es lo peor>>, y la misma eficacia personal de la monarquía se pone en ella al servicio de la injusticia.
   Santo Tomás recogió esta clasificación aristotélica, y, para él, es también la monarquía la mejor forma de gobierno; pero añade la idea de que aún la supera una forma compleja en que se armonicen en una posible síntesis las tres formas justas de gobierno: democracia en los grupos corporativos de la sociedad, aristocracia en las altas funciones de gobierno y de defensa, monarquía en el supremo ejercicio del poder. Y cabe observar cómo el régimen político que se fue formando en los países cristianos durante la Edad Media coincidió en sus líneas esenciales con esa forma más perfecta de gobierno que porpugnó Santo Tomás: una democracia en los municipios, gremios y universidades; una aristocracia en los cargos de poder y confianza, en el ejército y la diplomacia; una monarquía en la cumbre del poder.

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